Delitos Urbanísticos y exacerbación del derecho penal.

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En los últimos tiempos, so pretexto de la Asturias Verde que los ecologistas quieren, se producen multitud de causas por delitos urbanísticos que en realidad nunca debieron traspasar los límites de la justicia administrativa.

 

Estos son dos ejemplos de que no toda irregularidad es delictiva, no siempre que se construye mal se comete un delito, y muchas veces no se llega a construir mal cuando alguien decide que ese no es su modelo de campo asturiano, de costa o, sencillamente de ordenación territorial.

Noticia en La Voz de Asturias sobre la absolución del Alcalde y una edil en Colunga a los que defendimos.

Noticia de El Comercio de un vecino de Aller absuelto de un delito urbanístico que no era tal al equivocar los técnicos municipales la calificación del suelo.

 

 

 

 

 

STS “Sobre el uso de la vivienda cuando se convive con una nueva pareja”

Este es un tema de actualidad que pude dar lugar a modificaciones múltiples del uso de la vivienda, pero también a modificaciones en las pensiones de alimentos. No olvidemos que el concepto estricto y tradicional de los alimentos, se refiere a

“comida/vestido/habitación/educación”

Y modificar cualquiera de ellos puede dar lugar a modificar la cuantía, al alza o a la baja.

 

Links a la noticia:

El Economista

Europa Press

 

 

Hipotecas y Actos Jurídicos Documentados

Seguimos a vueltas con la cuestión, ahora existe un cierto revuelo en el Supremo

 

Y todo esto viene de aquÍ:

Fallo de la Sentencia, en lo que aquí es relevante:

“Cuarto. Anular el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo, por cuanto que la expresión que contiene (“cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”) es contraria a la ley.”

 

Anula, lo que tendrá efectos sobre las liquidaciones pendientes y futuras, nunca sobre las pasadas porque no declara la nulidad, sino que anula. 

En cualquier caso, el iter legislativo lo ha cambiado todo

 

Aquí el enlace del  Consejo General del Poder Judicial 

Y aquí el del Real Decreto que modifica la Ley

 

 

RD-L 172017 sobre cláusulas suelo.

NOTAS SOBRE EL RD-L 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de clausulas suelo.
 Por Botas Abogados

El Real Decreto-Ley afecta a los consumidores personas físicas y la reclamación previa a la vía judicial tiene carácter voluntario.

Las entidades financieras tiene un mes, desde el 23 de enero de 2017, para implantar un sistema para atender las reclamaciones de los clientes, debiendo garantizar que ese sistema será conocido por todos los consumidores.

La reclamación ha de instarla el consumidor. Si la entidad la acepta, deberá proponer un cálculo de la cantidad a devolver y comunicarle esa proposición al consumidor, desglosando dicho cálculo. Si la entidad considerase que la reclamación no procede, comunicará las razones en que motiva su decisión y se dará por concluido dicho procedimiento extrajudicial.

Si el consumidor está de acuerdo con el cálculo, lo comunicará a la entidad y acordarán la entrega efectiva del dinero, u otro modo de compensación, que deberá acordarse por escrito.

El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo para poner a su disposición la cantidad a devolver, es de tres meses desde que se presente la reclamación. Pero el plazo no comenzará a contar hasta que transcurra el plazo del mes previsto para implantar el sistema para atender a los clientes.

Se entenderá que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo: a) cuando la entidad rechace expresamente la solicitud; b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna al consumidor; c) Si éste no está de acuerdo con la cantidad propuesta a devolver; y d) Si trascurrido el plazo de tres meses, no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

Si hubiera un procedimiento judicial en curso, podrá solicitarse de común acuerdo la suspensión, para acudir a la vía extrajudicial prevista.

En cuanto a las costas judiciales, si el consumidor rechazase el cálculo propuesto por la entidad y acudiese a la vía judicial, si obtuviese una sentencia más favorable se impondrán las costas a la entidad. Si se acude a la vía judicial sin previa reclamación extrajudicial, puede ocurrir lo siguiente: a) si la entidad se allana antes de contestar a la demanda, se entenderá que no concurre mala fe y, por tanto, no procederá la imposición de costas: b) en el caso de allanamiento parcial antes de la contestación a la demanda, siempre que consigne la cantidad a cuyo pago se compromete, sólo se le impondrá condena en costas si el consumidor obtiene una sentencia que reconozca una cantidad superior a la consignada.